Jefe de la GNB en Barinas constata estado de campesinos presos por conflcto agrario en hato Gavilán La Chaqueta

El jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Barinas, general de brigada Hubert Cortéz, constató el estado en que se encuentran tres campesinos de esa entidad, quienes están privados de su libertad imputados por su participación en el rescate de un latifundio inicialmente declarado como improductivo.

Nancy Molina,campesina y geóloga detenida

A través de la cuenta @GNB_BARINAS, del Comando de Zona Para el Orden Interno GNB N°33, el componente militar divulgó el sábado en la noche la información y publicó fotos de la geóloga Nancy Molina y de los productores del campo Wiston Olivera y Alexander Soto, quienes permanecen recluidos en la sede del Destacamento de Comandos Rurales N° 339, en la ciudad de Libertad, municipio Rojas de la entidad llanera.


La medida privativa de libertad fue ordenada por un tribunal de control de esa jurisdicción por solicitud de la fiscalía tercera, que solicitó su imputación por los delitos de invasión e incendio presuntamente cometidos durante un conflicto agrario en torno al un predio de 4 mil 312 hectáreas, el hato Gavilán La Chaqueta, ubicado en la parroquia Santa Lucía del Municipio Barinas, al sur de la entidad.

La aprehensión de Molina y Olivera fue practicada por efectivos militares en el área del predio el pasado jueves 31 de marzo, mientras que Soto fue apresado el domingo 3 de abril en el circuito judicial de Barinas, cuando esperaba el resultado de la audiencia de presentación de sus compañeros.

Wiston Olivera y Alexander Soto, privados de libertad por un conflicto agrario

El conflicto se inició en 2012 cuando 80 familias de pequeños productores,  agrupados en 17 cooperativas y consejos campesinos denunciaron ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) que el hato se encontraba ocioso, tal como lo contempla la Ley de Tierras.

En noviembre de 2014 el directorio del INTI aprobó la Declaratoria de Tierras Ociosas (DTO).  Y finalmente el 10 de agosto de 2015 el mismo directorio aprobó el rescate total de las 4 mil 312 hectáreas.

Sin embargo 11 dias despues el representante de la compañía Hacienda La Gran Familia (que reclamala titularidad del latifundio) introdujo una solicitud de medida de proteccion de la producción agroalimentaria y un amparo constitucional al derecho de propiedad por ante tribunal superior agrario cuarto de Barinas.

El 24 de agosto de 2015 el juez Douglas Villamizar acordó el otorgamiento de la medida de protección a una supuesta producción que no existía y el amparo a una propiedad que había quedado desvirtuada en el procedimiento del rescate acordado por el Inti.

Sn embargo las medidas judiciales fueron el soporte para que en noviembre pasado las autoridades del Inti declararan la nulidad de su propia medida de rescate.

Para entonces los campesinos se encontraban ejecutando una medida de resguardo y realizando actividades productivas en un área de 40 hectáreas definida por el Inti, organismo que autorizó su ingreso al predio el 14 de marzo de 2015.

El 18 de diciembre el juzgado superior agrario comisionó a la GNB para que oracticara el desalojo de las familias asentadas, procedimiento que fue ejecutado el 24 de diciembre a partir de las 6 de la mañana.

Tres días después, el 27, el apoderado de la firma, Manuel Mansilla ingresó 700 mautes al hato con la intencion de simular que las tierras se encontraban en producción, explicó Alexander Soto.

El 13 de enero de este año, el Inti, ante la presión campesina, practicó una nueva inspección y la misma ratificó el caracter improductivo del hato y que el ganado que alli se encontraba no se había desarrollado en el área.

Sin  embargo, con el cambio de autoridades en el ente de tierras, el proceso, que aspiraban los campesinos sirviera para ratificar el rescate, se detuvo. Ante la falta de salidas inmediatas el colectivo decidió ingresar nuevamente al hato el pasado miércoles de la semana santa.

El día miércoles 30 de marzo, Mansilla presentó una denuncia ante la fiscalía en la acusaba a los tres voceros campesinos de haber ingresado al predio y provocado un incendio que afectó 2 mil 500 hectáreas.

Los campesinos, sin embargo niegan tal versión y argumentan que es una acusación absurda pues eso implicaría la destrucción de los recursos que necesitan para alimentar sus animales.